Ayudas y subvenciones
Subvenciones con norma y controlEl crecimiento prolongado y la elevada creación de empleo de España en un entorno internacional decaído muestran la importancia de la estabilidad presupuestaria. Por: Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda Cuando el Partido Popular accedió al Gobierno inició un proceso de saneamiento de las cuentas públicas que nos ha permitido pasar de un déficit del 6,6% del PIB en 1996 al equilibrio presupuestario, e incluso a ligeros superávit del 0,1% del PIB en 2002 y el previsto del 0,5% del PIB para el 2003. Las Leyes de Estabilidad Presupuestaria, de diciembre de 2001, dan respaldo institucional a la consolidación fiscal y al equilibrio, lo cual implica el mantenimiento de la disciplina que limita la evolución del gasto corriente, de forma que no supere el crecimiento nominal de la economía. Además, junto a la contención del gasto, mejora la asignación de los recursos públicos hacia la inversión y la protección social, con efectos de corto y de largo alcance sobre el crecimiento económico y el bienestar. Una vez instauradas en nuestro ordenamiento las Leyes de Estabilidad y sus principios de equilibrio presupuestario, transparencia, eficacia y calidad en la gestión de los recursos públicos, era necesario descender al nivel microeconómico para llevar esta misma orientación a los distintos componentes del presupuesto. Era, por tanto, un buen momento para afrontar la Ley General de Subvenciones. A través de las subvenciones se canaliza una parte significativa de los recursos públicos, para dar apoyo financiero a necesidades sociales o a otras iniciativas de interés general. A pesar de esta innegable importancia cuantitativa y cualitativa de las subvenciones y ayudas públicas, nuestro ordenamiento jurídico carecía de una regulación específica suficiente. Ley General de Subvenciones persigue mejorar la eficacia, la transparencia, la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de este importante capítulo del gasto público, y para alcanzar estos fines regula el régimen subvencional en todas sus fases. Con esta Ley los órganos que conceden subvenciones tendrán la obligación de elaborar un Plan Estratégico, en el que definirán los objetivos y efectos que pretenden alcanzar, el plazo para su consecución, así como los costes a que darán lugar y sus fuentes de financiación. Es un medio para aumentar la eficacia de las subvenciones, y facilitar su posterior control y evaluación. La Ley garantiza la transparencia de las subvenciones con el reconocimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia; prefiere, en general, el procedimiento de concesión por concurrencia competitiva, y limita la concesión directa a pocos supuestos, específicamente previstos en la Ley. También crea una base de datos nacional de subvenciones, para coordinar las actuaciones entre las distintas Administraciones Públicas y evitar la acumulación de subvenciones sobre un mismo beneficiario, cuando no sea procedente. Esta Ley General de Subvenciones, aunque sólo es de aplicación integra para el Estado y las Corporaciones Locales, establece un marco normativo básico, con principios y definiciones comunes para todas las subvenciones, incluyendo las concedidas por las Comunidades Autónomas. La Ley incrementa la seguridad jurídica con un completo Estatuto del Beneficiario, en el que se detallan todos sus derechos y obligaciones dentro del proceso subvencional, y penaliza las conductas incorrectas con sanciones proporcionadas a la gravedad de los incumplimientos. En resumen, la razón de ser de esta Ley es avanzar en la gestión transparente y eficaz de las subvenciones en un marco de estabilidad presupuestaria. Una de las enseñanzas de la política económica de los Gobiernos del Partido Popular es que la administración rigurosa del gasto público tiene efectos económicos mucho más importantes de lo que se podría inferir del mero ahorro financiero. La consolidación fiscal y el equilibrio presupuestario generan estabilidad económica, contribuyen a la moderación de los precios, facilitan la financiación general de la economía y, sobre todo, dan a los agentes económicos una señal clara de que el sector público va a mantener una posición neutral y previsible, que facilita la bajada de los impuestos y genera expectativas de crecimiento económico duradero y creación de empleo. Artículo cedido por Ser Empresario |