Ayudas y subvenciones

La mejora de la gestión de las ayudas públicas

La Ley General de Subvenciones establece un marco regulatorio, que afecta al conjunto de administraciones públicas, sobre los principios rectores y normativa básica por la que deben regirse las subvenciones.

Por : Salvador Guillermo Viñeta, Director de Estudios Económicos y Fiscales, Fomento del Trabajo Nacional

Esta normativa surge de la necesidad de ordenar una importante actividad que desarrollan las administraciones en el ámbito de las ayudas públicas, donde han de potenciarse las características de publicidad, igualdad, objetividad, transparencia, eficacia y eficiencia en la asignación de recursos.

Las subvenciones constituyen uno de los principales ejes en los que se desarrolla la acción de ayuda pública para determinadas actividades, que tienen un efecto positivo sobre el interés general, más allá de los intereses estrictamente privados o particulares. El otro eje fundamental donde se apoya la política de ayudas públicas se incardina en los beneficios o incentivos fiscales, que en los últimos años van ganando fuerza, ya que permiten una gestión menos burocrática.

Dentro de los ámbitos a los que se dirigen las ayudas públicas, y especialmente las subvenciones, cabe señalar que en los últimos años, tanto en España como en la Unión Europea, se han incrementado fuertemente las ayudas de tipo horizontal, es decir, aquellas que se dirigen al conjunto de sectores, de acuerdo con los compromisos asumidos en las últimas Cumbres Europeas. Lo que se pretende con ello es reducir el impacto que las ayudas puedan producir en la competencia en el Mercado Único. Entre este tipo de ayudas horizontales son destacables, entre otras, las que se destinan al medio ambiente, a la pequeña y mediana empresa, a la generación de empleo y su formación, al ahorro energético, y a las actividades de investigación desarrollo e innovación.

También existen ayudas a determinados sectores (ayuda sectorial) que deben explicitarse y justificarse a fin de evitar distorsiones en el ámbito de la competencia. En este sentido, las más recientes son las ayudas al sector agrícola y ganadero, las ayudas al sector del carbón, y las ayudas que se producirán en el caso español al sector de astilleros civiles, que ya han sido aprobadas por la Comisión Europea.

Fondos europeos

Adicionalmente, otro eje se destina a favorecer el desarrollo económico en determinadas zonas que muestran un nivel de renta relativamente más bajo, a través de las ayudas regionales, en las que los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea juegan un papel destacado, además de los fondos que cada Estado destina a dicho objetivo. Estos fondos europeos son objeto de polémica actualmente, dada la previsible reestructuración que experimentaran a la luz de la incorporación a la UE de los nuevos países -que muestran un nivel de renta en términos globales inferior al 50% de la Unión Europea de 15-.

La percepción de que la ayuda pública en España es elevada es errónea, como demuestran los datos que publica la Comisión Europea, ya que el nivel de ayudas públicas en España en 2001 fueron del 0,74% del PIB, frente al 0,99% del PIB de la media comunitaria. También se constata, en el sector de las manufacturas, que el nivel de ayuda pública en el año 2001 es del 1,1% de su Valor Añadido Bruto (VAB) en el caso español frente al 1,4% de la media comunitaria o del 2,1% de Alemania, del 3,1% de Dinamarca o del 4% de Grecia.

Finalmente cabe destacar que el volumen de ayuda pública se ha reducido en los últimos años tanto en España como en Europa. Por ello, uno de los objetivos que persigue esta nueva legislación es la mejora de la eficacia y eficiencia de los programas de subvenciones y el establecimiento de un régimen que impida su utilización fraudulenta, en la línea de la necesidad de disponer de unas cuentas públicas orientadas al principio de estabilidad presupuestaria, que permita continuar con el crecimiento económico y la generación de empleo.

Artículo cedido por Ser empresario